Máximo tribunal de ONU establece que la entidad sionista debe cesar inmediatamente las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos de los territorios ocupados.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas, dictaminó este viernes por 14 votos a 1 que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal, contraria al derecho a la autodeterminación de ese pueblo y que la entidad sionista debe cesar inmediatamente las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a todos los colonos de los territorios ocupados.

El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leyó la opinión consultiva, a través de la cual estableció que la política de asentamientos de Tel Aviv contraviene varias normas internacionales, como la IV Convención de Ginebra. Además, señaló que las prácticas de Israel en esos territorios constituyen una anexión de facto de amplias partes de los mismos.

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Según el texto, todos los muros de los asentamientos israelíes deben ser desmantelados y todos aquellos que fueron desplazados de sus hogares como resultado de la ocupación israelí deben regresar a ellos. Por otra parte, Israel debe reparar los daños que causó, obligación que incluye «devolver la tierra y otras propiedades inmuebles» incautados a los ciudadanos palestinos «desde que comenzó la ocupación en 1967».

La CIJ consideró que Israel debe «revocar todas las leyes y medidas que crean o mantengan la situación ilegal» que suponen los asentamientos, sus prácticas discriminatorias del pueblo palestino y los intentos de modificar la composición demográfica de cualquier parte del territorio palestino.

Asimismo, consideró que la legislación y las medidas de Israel constituyen una violación del artículo 3 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y Apartheid.

En el texto leído se afirma que la ocupación de Cisjordania establece una «discriminación y segregación sistemáticas, y un apartheid». Explicó que las políticas que aplica Israel allí mantienen separados a los palestinos de los israelíes. Además, se limitan sus movimientos, se destruyen sus viviendas y se les expulsa de sus tierras, posteriormente confiscadas.

Sobre la imposibilidad de los palestinos de acceder a los recursos de sus tierras, la CIJ opinó que los obstáculos interpuestos por Israel para impedir este derecho y la explotación de aquellos por parte de Israel es contraria a la ley internacional. Además, consideró que las políticas y prácticas de Israel atentan contra el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Los jueces pidieron a todos los Estados que integran la ONU que no reconozcan ningún cambio sobre el terreno, en el entendido de que la «continua presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal». Por otro lado, manifestó que no deben prestar ayuda a Israel para mantener esa presencia y deben distinguir entre Israel y los territorios ocupados.

Con sede en La Haya, Países Bajos, la CIJ lleva examinando esta cuestión desde principios del año pasado a petición de la Asamblea General de la ONU.

En concreto, se pidió al Tribunal que se pronuncie sobre las políticas y prácticas de Israel hacia los palestinos y sobre el estatuto jurídico de la ocupación. La opinión emitida por el tribunal es consultiva, no jurídicamente vinculante, pero tiene un peso político significativo.

Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Retiró sus tropas y colonos de Gaza en 2005, aunque mantuvo el control sobre su espacio aéreo, frontera común y litoral. A pesar de la retirada, la ONU sigue considerando a Gaza parte de los territorios ocupados.

Como potencia ocupante, las acciones de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza están sujetas a un detallado conjunto de normas de derecho internacional que rigen la ocupación, diseñadas para proteger a la población civil ocupada, pero Israel viola constantemente esas normas y sus obligaciones como potencia ocupante.

Meses atrás, Tel Aviv emitió una declaración en la que afirmaba que no reconocía «la legitimidad del debate» en la CIJ. Describió la iniciativa del Estado de Palestina en la ONU como «parte del intento palestino de dictar los resultados de la solución política (del conflicto palestino-israelí) sin negociaciones».

Para arribar a sus conclusiones, la CIJ tuvo en cuenta el derecho internacional humanitario, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad del organismo, entre otros documentos, así como las opiniones presentadas por alrededor de 52 países, la gran mayoría de los cuales consideró ilegal la ocupación y pidió a la CIJ a declararla como tal.

Estados Unidos -el aliado más cercano de Israel- pidió al tribunal que «calibre cuidadosamente su asesoramiento» y se abstenga de emitir un dictamen «que exija una retirada unilateral, inmediata e incondicional por parte de Israel que no tenga en cuenta las legítimas necesidades de seguridad de Israel».

Israel reclama la soberanía sobre la totalidad de Jerusalén, que considera su capital indivisible, algo que no acepta la gran mayoría de la comunidad internacional. También ha construido unos 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 judíos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo niega.

El caso de la CIJ que se juzga el viernes es independiente de otro activo presentado ante el tribunal por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en la guerra de Gaza.

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